SRE reserva expedientes de Rocha e Inzunza hasta 2031
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó clasificar durante cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones oficiales entre México y Estados Unidos sobre los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, una decisión que vuelve a colocar el caso en el centro del debate sobre transparencia y rendición de cuentas.
La resolución implica que permanecerán bajo reserva oficios, notas diplomáticas, correos institucionales, solicitudes de asistencia jurídica internacional, minutas y demás intercambios realizados entre autoridades de ambos países, por lo que la información no podrá hacerse pública antes de 2031.
De acuerdo con la argumentación de la SRE, divulgar estos documentos podría afectar la confianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos, así como comprometer los mecanismos de cooperación bilateral en materia de intercambio de información.
La dependencia sostuvo que las comunicaciones diplomáticas están sujetas a principios de confidencialidad cuya difusión podría obstaculizar la coordinación institucional y las relaciones internacionales entre ambas naciones.
La decisión deriva de una solicitud de transparencia presentada para conocer todas las comunicaciones oficiales relacionadas con las investigaciones y acusaciones que autoridades estadounidenses mantienen contra ambos políticos sinaloenses.
El expediente adquiere relevancia porque Rocha Moya e Inzunza fueron incluidos por fiscales federales de Estados Unidos dentro de una investigación que los señala por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones forman parte de un proceso abierto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fiscales estadounidenses sostienen que diversos funcionarios habrían colaborado con integrantes de la organización criminal mediante protección política y otros beneficios. Ambos políticos han rechazado públicamente los señalamientos y han negado cualquier vínculo con actividades ilícitas.
La determinación de la Cancillería reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de las relaciones diplomáticas y el derecho ciudadano de acceder a información de interés público, especialmente cuando involucra a servidores públicos de alto nivel.
Especialistas en transparencia han señalado en distintos casos que la reserva de expedientes debe justificarse bajo criterios estrictos y temporales, mientras que las autoridades sostienen que existen circunstancias excepcionales cuando la difusión puede afectar investigaciones o la cooperación internacional.
Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya e Inzunza. En México, el Gobierno federal ha insistido en solicitar las pruebas que sustenten los señalamientos antes de asumir cualquier posición jurídica sobre el caso. Mientras tanto, la decisión de mantener bajo reserva los expedientes diplomáticos mantendrá el tema en la agenda política y de transparencia durante los próximos años.
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