Comunidades indígenas mantienen toma de planta de amoniaco en Sinaloa

Las comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira, en Sinaloa, iniciaron una ocupación indefinida en los accesos de la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, con el objetivo de exigir la cancelación definitiva del proyecto y la atención directa del Gobierno federal. La movilización representa uno de los momentos más relevantes de una disputa ambiental y territorial que se ha extendido durante más de una década.

Desde las primeras horas del lunes, integrantes de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos instalaron campamentos en la entrada del complejo industrial para impedir el acceso a las instalaciones. Los manifestantes sostienen que permanecerán en el lugar hasta recibir respuestas concretas de las autoridades federales.

La planta pertenece a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo internacional Proman, y se encuentra en una etapa avanzada de construcción. El proyecto contempla la producción de miles de toneladas diarias de amoniaco destinadas al mercado nacional y de exportación.

Reclaman daños ambientales y riesgos para la bahía

Los representantes indígenas argumentan que la instalación industrial amenaza uno de los ecosistemas más importantes del noroeste mexicano. Entre sus principales preocupaciones se encuentran la afectación a manglares, humedales y actividades pesqueras que sostienen a miles de familias de la región.

De acuerdo con los opositores al proyecto, durante la construcción ya se han registrado modificaciones en áreas naturales sensibles, incluyendo la remoción de vegetación y trabajos sobre zonas de humedal. Por ello, además de la cancelación de la planta, demandan medidas de reparación ambiental y una revisión exhaustiva de los permisos otorgados.

La bahía de Ohuira forma parte del sistema de humedales Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su relevancia ecológica y por albergar especies de aves migratorias, fauna marina y ecosistemas costeros estratégicos.

El conflicto suma más de una década

La resistencia de los pueblos mayo-yoreme contra la planta de amoniaco comenzó en 2014. Desde entonces, organizaciones comunitarias, pescadores y defensores ambientales han promovido acciones legales y movilizaciones para frenar el proyecto.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debía realizarse una consulta a las comunidades indígenas involucradas. Sin embargo, sectores opositores han cuestionado el proceso al considerar que no garantizó plenamente el derecho a una consulta previa, libre e informada.

La protesta actual ocurre mientras autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, analizan la situación ambiental y jurídica del megaproyecto. Los manifestantes insisten en que no abandonarán el plantón hasta obtener definiciones claras sobre el futuro de la obra.

Presión ambiental y atención internacional

El caso ha trascendido el ámbito local y ha generado atención internacional debido a los posibles impactos ambientales y sociales asociados con la operación de la planta. Organizaciones y especialistas han advertido sobre riesgos potenciales para los ecosistemas costeros y para las comunidades que dependen de la pesca y otras actividades vinculadas a la bahía.

Mientras continúan las negociaciones y revisiones gubernamentales, la toma de las instalaciones mantiene abierto uno de los conflictos socioambientales más relevantes del norte del país, con comunidades indígenas que aseguran que mantendrán la movilización hasta lograr una resolución definitiva.

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