La disputa por los resultados electorales en Coahuila entró en una nueva fase. Morena presentó un juicio electoral para buscar la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales, en una ofensiva jurídica que traslada el conflicto político a las instancias electorales y de procuración de justicia.
La dirigencia estatal del partido argumentó que durante el proceso se registraron presuntas irregularidades que, a su juicio, comprometieron la legalidad y la autenticidad de la jornada electoral. Entre los señalamientos destacan supuestas prácticas de compra y coacción del voto mediante códigos QR, intervención de servidores públicos, propaganda irregular, uso electoral de programas sociales y actos de intimidación.
La impugnación llega apenas una semana después de unos comicios en los que el PRI y sus aliados consolidaron su dominio político en la entidad, obteniendo la totalidad de los distritos de mayoría en disputa y reforzando su control sobre el Congreso local.
Acusaciones de fraude y presión institucional
Además del juicio electoral, Morena activó una estrategia paralela ante distintas autoridades federales. El partido presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y solicitó investigaciones relacionadas con el origen de recursos presuntamente utilizados para la compra de votos. También promovió procedimientos en materia de fiscalización para revisar posibles excesos en los gastos de campaña de candidatos priistas.
Según la narrativa impulsada por el partido guinda, las anomalías detectadas habrían alcanzado cientos de casillas electorales, por lo que consideran que existe materia suficiente para una revisión integral de los resultados.
La ofensiva jurídica se complementó con acciones promovidas por actores cercanos a la llamada Cuarta Transformación. El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y contra el fiscal estatal, al acusarlos de intervenir indebidamente en el proceso electoral.
El impacto político rumbo a 2027
Más allá de los tribunales, el conflicto tiene una lectura política nacional. La contundente victoria priista en Coahuila se convirtió en uno de los principales reveses electorales para Morena durante 2026 y reabrió el debate sobre la capacidad del partido gobernante para consolidarse en entidades donde el PRI mantiene estructuras territoriales sólidas.
La decisión de impugnar los resultados permite a Morena mantener viva la narrativa de que existieron condiciones inequitativas en la competencia electoral y evitar que la derrota se convierta en un mensaje político definitivo rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Al mismo tiempo, coloca presión sobre las autoridades electorales para revisar cada una de las denuncias presentadas.
Por ahora, el Instituto Electoral de Coahuila ya concluyó la validación de los resultados y avanzó en la integración del próximo Congreso local. Sin embargo, la batalla política y jurídica apenas comienza, y serán los tribunales los que determinen si las acusaciones tienen el alcance suficiente para modificar uno de los resultados electorales más relevantes del año.
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