La controversia sobre la seguridad de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, escaló este jueves luego de que autoridades federales precisaran que la protección asignada tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio se limitará a eventos y actividades oficiales.
La aclaración fue realizada por el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, en medio de la investigación abierta por la presunta amenaza contra la legisladora, quien días atrás denunció la colocación de un arreglo funerario con referencias a su familia frente a su vivienda en Culiacán.
El caso ha generado inquietud en el ámbito político sinaloense debido al contexto de violencia que enfrenta la entidad y al perfil opositor de la diputada, quien ha mantenido una postura crítica sobre la estrategia de seguridad implementada en el estado.
Diputada insiste en que el caso debe investigarse
Tras denunciar los hechos, Gárate Valenzuela solicitó que las autoridades exploren todas las líneas de investigación, incluida una posible motivación política.
La legisladora ha señalado públicamente que no identifica conflictos personales o comerciales que expliquen el acto intimidatorio, por lo que considera indispensable esclarecer quién ordenó o ejecutó la colocación de la corona fúnebre.
De acuerdo con reportes oficiales, elementos de seguridad estatal y federal acudieron al lugar para recabar evidencias, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación. Peritos y agentes ministeriales realizaron diligencias iniciales para identificar posibles responsables.
Debate por la seguridad de actores políticos
La decisión de brindar protección únicamente durante actos institucionales reavivó el debate sobre los mecanismos de protección para funcionarios y representantes populares que denuncian amenazas o actos de intimidación.
Dirigentes y representantes del PRI han cuestionado la falta de medidas permanentes para la diputada, mientras que las autoridades sostienen que el protocolo vigente contempla acompañamiento en actividades oficiales y seguimiento a las investigaciones en curso.
El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para Sinaloa, donde la violencia y los desafíos en materia de seguridad continúan ocupando el centro de la agenda pública.
Por ahora, la investigación sigue abierta y las autoridades no han informado sobre personas identificadas o detenidas relacionadas con el caso.
Un caso que mantiene atención política
Mientras avanzan las indagatorias, la diputada ha reiterado que continuará con sus actividades legislativas y de representación pública. La evolución del caso podría convertirse en un nuevo punto de discusión sobre la protección de actores políticos en contextos de riesgo y sobre la capacidad institucional para responder ante posibles actos de intimidación.
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