La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a José Luis “N”, por su posible participación en los delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas, luego de que dicho individuo fue entregado en deportación, derivado de la coordinación con la oficina de enlace de HSI en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Derivado de la coordinación internacional, se logró la deportación controlada de José Luis “N” en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad que lo reclamaba.
El Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), con el acompañamiento de personal de Interpol México de esta institución acudió al sitio para recibir al individuo.
De acuerdo con las investigaciones, desde 2017, José Luis “N” probablemente sometió a explotación sexual a la víctima en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca y en Houston, Texas, en los Estados Unidos de América, situación en la que permaneció hasta julio de 2024. En este tiempo, el hoy imputado se habría beneficiado económicamente de este ilícito.
La indagatoria señala que este hombre posiblemente golpeaba a la víctima cuando no recibía el dinero que quería por los hechos a los que la obligaba; además, la amenazaba con quitarle a sus hijos.
Estos hechos fueron investigados exhaustivamente y una vez que se contó con diversos elementos, se solicitó la orden de aprehensión en su contra y como resultado de la colaboración internacional con autoridades de los Estados Unidos de América, se logró su deportación.
En la audiencia inicial, personal ministerial de la FEVIMTRA aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso referida, prisión preventiva oficiosa y el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
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