ARTICLE 19 México y Centroamérica tuvo conocimiento de que el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, fue vinculado a proceso penal por un juez de control en el estado de Puebla, en el marco de una causa iniciada por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esta determinación judicial, el proceso penal en su contra se mantiene abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria (45 días), además de que se le imponen medidas cautelares que limitan su movilidad y lo obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad.
Esta decisión representa una escalada en el acoso judicial previamente documentado por ARTICLE 19, que desde el inicio del procedimiento alertó sobre el uso indebido del derecho penal en contra del periodista.
La vinculación a proceso se produce pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que compromete el derecho a una defensa adecuada.
El proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada. Su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia. La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder.
En este contexto, ARTICLE 19 recuerda que en abril de 2025 emitió una alerta en la que exigió al gobierno de Puebla cesar el uso de la tribuna pública para estigmatizar y criminalizar a la prensa, particularmente en contra de Rodolfo Ruiz.
En una conferencia del 7 de abril de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó un discurso estigmatizante al acusar al periodista de dirigir “una red de delincuencia cibernética”, lo que ARTICLE 19 advirtió como una práctica contraria a los estándares de libertad de expresión y con un efecto claramente intimidatorio sobre el ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 ha advertido reiteradamente que el uso de figuras penales complejas, como los delitos financieros contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, en tanto busca desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa mediante procesos largos, costosos y estigmatizantes, aun cuando no exista una sentencia condenatoria.
La vinculación a proceso de un periodista por hechos relacionados con su actividad profesional tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada. Este tipo de acciones envía un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder, expone ARTICLE 19.
En un país donde la violencia contra la prensa convive con altos niveles de impunidad, la judicialización indebida profundiza el cierre del espacio cívico y debilita el derecho colectivo a estar informado.
El Estado mexicano tiene la obligación reforzada de garantizar que ninguna autoridad utilice el sistema de justicia para castigar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de periodistas que investigan asuntos de interés público.
Exigencias:
Ante la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz, ARTICLE 19 México y Centroamérica reitera y actualiza su llamado urgente a las autoridades del estado de Puebla y del Poder Judicial para que se garantice de manera plena el debido proceso, incluyendo el acceso efectivo a la defensa, la publicidad de las audiencias y el respeto estricto a los principios de legalidad y presunción de inocencia.
Asimismo, exige el cese inmediato del uso del derecho penal como herramienta de represalia contra periodistas y medios de comunicación, y recuerda que las autoridades están obligadas a crear un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo, no a profundizar su criminalización.
La labor informativa, aun cuando resulte crítica o incómoda, está protegida por la Constitución mexicana y por los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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