El secuestro de Erick Zertuche López, hijo de la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave, elevó las alertas de seguridad en Baja California luego de que un grupo armado interceptara a funcionarios estatales que regresaban de una inspección oficial en la zona sur del estado.
De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron la noche del 10 de junio sobre la carretera Transpeninsular, en las inmediaciones de Punta Colonet, municipio de Ensenada. Las víctimas formaban parte de un equipo del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) que retornaba de un operativo de supervisión realizado en San Quintín.
Las primeras investigaciones señalan que varios vehículos con hombres armados bloquearon el paso del convoy oficial. Tras someter a los trabajadores, los agresores se llevaron por la fuerza a dos inspectores: Erick Zertuche López y José Héctor Olivero Carabita.
Autoridades despliegan búsqueda en la zona sur del estado
El caso provocó una movilización inmediata de corporaciones estatales y federales, que iniciaron operativos de localización en distintas áreas de Ensenada y San Quintín.
Información difundida por medios locales indica que los agresores habrían actuado de manera coordinada y con conocimiento de la ruta que seguían los funcionarios. Testigos señalaron que el grupo armado estaba integrado por alrededor de 15 personas encapuchadas que viajaban en varios vehículos todoterreno.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni si la privación de la libertad está relacionada con las actividades de inspección que realizaban los servidores públicos. Tampoco se han reportado detenciones vinculadas con el caso.
El caso vuelve a poner bajo presión la seguridad regional
Además del impacto político por el vínculo familiar con una legisladora federal, el hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en corredores estratégicos del estado, particularmente en rutas utilizadas para actividades comerciales, agrícolas y de supervisión gubernamental.
La privación de la libertad de funcionarios estatales ocurre en un contexto donde Baja California enfrenta desafíos permanentes en materia de violencia y presencia de grupos criminales en diversas regiones. El caso ha generado atención tanto en el ámbito político como en el de seguridad pública debido al perfil de una de las víctimas.
Mientras continúan los operativos de búsqueda, familiares, autoridades y organismos de seguridad mantienen la expectativa de obtener información que permita localizar a los dos funcionarios y esclarecer las circunstancias del ataque.
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