Profepa fincará a Grupo México responsabilidades por daño ambiental en Sonora

Grupo México, propiedad de Germán Larrea, será sancionado y deberá presentar un programa para remediar la zona afectada por el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, provocado por el descarrilamiento de uno de sus trenes de Ferromex, el pasado 25 de julio, informó la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell.

Durante su visita a Sonora, la funcionaria precisó que la dependencia a su cargo ya concluyó una primera etapa de limpieza y evaluación del sitio, donde durante una semana supervisó el retiro de concentrado de cobre –que también fue vertido en el lugar–, así como de las góndolas y el carro tanque involucrados en el accidente.

“Estamos en procedimiento de la Profepa. Se hizo una limpieza inmediata que se requería en la zona. Vamos a ordenar sanción y reparación del daño”, señaló.

Subrayó que el procedimiento no se limitará a una multa, pues en un plazo de 15 días Ferromex deberá presentar un programa para recuperar el área perjudicada y cumplir con las obligaciones establecidas por la Profepa.

Sobre los posibles daños causados en los habitantes, indicó que el seguimiento corresponde a la Secretaría de Salud estatal y confirmó que una persona permanece hospitalizada, a la espera de los resultados de los estudios médicos practicados.

Autoridades federales y de EU vigilan el área

En tanto, 12 días después del percance, las autoridades ambientales de México y Estados Unidos mantienen vigilancia en la zona ante el riesgo de que la contaminación alcance la cuenca del río San Pedro, que nace en Sonora y cruza hacia Arizona.

El accidente ocurrió a menos de 20 kilómetros de la frontera internacional y dentro de la cuenca alta del río, entre tres y seis kilómetros al oeste de su cauce.

Por tratarse de un sistema hidrológico transfronterizo, el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Comisión Internacional de Límites y Aguas se coordinaron con la Profepa para evaluar posibles impactos ecológicos que pudieran extenderse al territorio estadunidense.

Con información de La Jornada.