Gobernadora interina de Sinaloa evita pronunciarse tras capturas en EU

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, evitó profundizar sobre las detenciones y entregas a autoridades de Estados Unidos de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una breve atención a medios, la mandataria aseguró que el tema corresponde a las autoridades federales y reconoció que no tenía información actualizada sobre el desarrollo del caso.

“No he traído mi teléfono”, respondió inicialmente al ser cuestionada sobre las acciones judiciales contra los exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas del gobierno estatal.

Bonilla señaló que ninguno de los dos exfuncionarios forma ya parte de la administración estatal y sostuvo que la situación debe ser atendida por instancias federales, en medio del creciente impacto político que enfrenta el gobierno de Sinaloa.

Las declaraciones ocurrieron horas después de confirmarse que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez fue puesto bajo custodia en Estados Unidos, mientras que Enrique Díaz Vega se entregó voluntariamente ante autoridades estadounidenses. Ambos forman parte de investigaciones abiertas por presunta colaboración con estructuras del Cártel de Sinaloa.

Presión política crece sobre el entorno de Rocha Moya

El caso ha incrementado la presión política sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también aparece mencionado en investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con presuntos nexos entre funcionarios públicos y grupos criminales.

De acuerdo con reportes periodísticos y documentos judiciales estadounidenses, las autoridades norteamericanas investigan una supuesta red de protección política y filtración de información en favor de facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente “Los Chapitos”.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, es acusado en Estados Unidos de conspiración para tráfico de drogas y operaciones relacionadas con protección política al grupo criminal. En tanto, Gerardo Mérida enfrenta señalamientos por presuntamente facilitar información estratégica y protección institucional durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública.

Gobierno federal mantiene exigencia de pruebas

Mientras el gobierno de Estados Unidos avanza en las investigaciones, la administración federal mexicana ha insistido públicamente en solicitar pruebas formales antes de emitir conclusiones o proceder contra funcionarios señalados.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no habrá protección para posibles responsables, aunque también ha cuestionado el manejo político y diplomático del caso desde Washington.

En Sinaloa, el silencio institucional y las respuestas limitadas de la administración interina han comenzado a generar cuestionamientos sobre la estrategia de contención política frente a uno de los episodios más delicados para el círculo cercano de Rocha Moya.

La investigación continúa abierta tanto en Estados Unidos como en México, mientras nuevos nombres ligados al aparato político y de seguridad sinaloense permanecen bajo observación de autoridades federales.

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