El exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, se entregó a autoridades de Estados Unidos en medio de la investigación federal que involucra a exfuncionarios y operadores ligados al gobierno sinaloense, según revelaciones difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola y confirmadas por reportes internacionales.
La entrega ocurre apenas días después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, también quedara bajo custodia estadounidense tras cruzar por la Garita de Nogales, Arizona.
De acuerdo con información publicada este viernes, Enrique Díaz es señalado por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero dentro de la estructura investigada por el Departamento de Justicia de EU por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones incluyen conspiración para tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y presuntos mecanismos de protección institucional a integrantes de “Los Chapitos”, una de las facciones más poderosas del grupo criminal.
Investigación de EU escala sobre funcionarios de Sinaloa
La entrega de Díaz profundiza la presión política y judicial sobre el entorno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien desde abril enfrenta señalamientos públicos y solicitudes de investigación desde Estados Unidos por presuntos nexos con estructuras criminales.
El caso se ha convertido en uno de los episodios de mayor tensión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico durante 2026. Mientras fiscales estadounidenses sostienen que existe una red de protección política vinculada al tráfico de fentanilo, el gobierno mexicano ha insistido en que no se han presentado pruebas suficientes para proceder judicialmente en territorio nacional.
Las investigaciones estadounidenses apuntan a que distintos exfuncionarios habrían facilitado operaciones financieras, rutas de movilidad y alertas sobre operativos federales a integrantes del crimen organizado.
Caso aumenta presión política rumbo a 2027
El impacto político del caso ya alcanza a actores clave del oficialismo en Sinaloa y amenaza con modificar el escenario electoral rumbo a 2027.
En las últimas semanas, diversos funcionarios estatales han solicitado licencias temporales o promovido amparos ante el temor de posibles órdenes de captura o solicitudes de extradición.
Analistas consideran que las entregas voluntarias de exfuncionarios podrían abrir nuevas líneas de colaboración con fiscales estadounidenses y detonar declaraciones que compliquen aún más al círculo político cercano al gobernador sinaloense.
Por ahora, ni la Fiscalía General de la República ni el gobierno estatal han emitido una postura detallada sobre la entrega de Enrique Díaz, mientras la investigación continúa escalando en cortes federales de Estados Unidos.
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