La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó sobre la desaparición de siete menores de edad en una sola semana en el marco de una ola de violencia que sigue azotando a la región y ante las críticas de organizaciones civiles en rechazo del gobierno de México al informe de desaparecidos emitido por la ONU.  

Las fichas de búsqueda para la pronta localización con vida de los siete menores desaparecidos en Sinaloa fueron compartidas por la fiscalía desde el día lunes hasta la tarde del jueves. 

El primer reporte solicita información para dar con el paradero de Addison Alejandra Aguilar Aragón, de 14 años de edad, quien fue vista con vida por última vez el 5 de abril cuando salió de un domicilio ubicado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz en Culiacán, Sinaloa.   

La menor de 1.70 metros de altura, con cabello corto y chino, vestía una blusa color beige, pantalón azul y tenis de color negro con azul el día de los hechos.  

Seguido de su desaparición las autoridades alertaron por uno más: Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años de edad, de 1.60 metros de altura y de cabello castaño, corto, oscuro y ojos medianos del mismo tono. 

Sus familiares perdieron contacto con el adolescente cuando este dejó un domicilio en Torréon, Coahuila, para dirigirse a Mazatlán, Sinaloa, el pasado 30 de marzo, pero el reporte fue levantado hasta el 6 de abril. 

De señas particulares le destacan una perforación en la oreja izquierda y una cicatriz de tres centímetros en el dedo índice de la mano izquierda. 

En ese sentido, cinco menores de edad más de entre 14 y 17 años también fueron reportados como no localizados, por lo que se cree que sus vidas podrían estar en riesgo al ser víctimas de un posible delito. 

En la mayoría de los casos, los menores fueron vistos por última vez al salir de sus domicilios ubicados en zonas de Culiacán y Mazatlán.  

A continuación, sus respectivas fichas para su difusión. 

Cabe recordar que el último viernes antes de que dieran inicio las vacaciones de Semana Santa, la presidenta de la República presentó las cifras oficiales, según su administración, sobre las personas desaparecidas en el país. 

Durante la conferencia de prensa matutina del 27 de marzo de 2026, la presidenta destacó que suman más de 130 mil desapariciones en los últimos 20 años, las cuales dividió en tres categorías de acuerdo a los datos de los que se tiene conocimiento. 

El primer grupo cuenta con 46 mil 742 personas de las que no tienen información completa para hacer la búsqueda; el segundo abarca 40 mil 308 casos de los que se tiene información suficiente y, tras una revisión, se corroboraron actividades posteriores a la fecha de su desaparición. 

Finalmente, la última categoría suma 43 mil 128 personas con ficha de búsqueda y que tras un registro no se han encontrado actividades posteriores a la fecha del reporte.  

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntó que sólo hay 3 mil 869 carpetas de investigación.  

Lo que las organizaciones opinan  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del comité formado en contra de las desapariciones forzadas, publicó una postura tras la presentación del informe, en la que destacó que “hay indicios de crímenes de lesa humanidad”, por lo que pidió que sean investigados y ofreció una red de apoyo para erradicar este crimen en el país. 

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió al gobierno visibilizar la relevancia de dichas carpetas en el país, ya que estas constituyen una herramienta para recolectar indicios y testimonios que ayudan en los trabajos de localización de una persona desaparecida. 

Por ello, dijo, su correcta integración es clave “para fortalecer la coordinación entre fiscalías y comisiones locales y nacionales de búsqueda, así como para brindar claridad a las familias sobre los avances de cada caso”. 

Esta campaña incluiría un filme donde se narren distintas historias para mostrar cómo la información contenida en una carpeta puede convertirse en una hoja de ruta para las autoridades y las familias. 

Sin embargo, estos comunicados han sido rechazados: la solicitud de la ONU fue tachado de “tendencioso”, pues el gobierno mexicano ha alegado que estos casos no deben considerarse desapariciones forzadas porque son perpetrados por grupos delictivos y no por agentes del Estado. 

Con información de Latinus 

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