Activistas llevan más de 10 años de lucha en Topolobampo

En junio de 2026, la localidad de Topolobampo, Sinaloa, acaparó titulares de prensa y cuentas de redes sociales debido a la llegada de maquinaria pesada destinada para instalarse en la planta de amoniaco de grupo Proman, publica Greenpeace México.  

Específicamente arribaron unas torres de absorción de alrededor de 30 m de largo, diseñadas para capturar y separar dióxido de carbono (CO₂) durante el proceso de producción de amoníaco.   

A partir de ahí, la lucha de las comunidades de Topolobampo, Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas se hizo viral, pero ya existía mucho antes.  

Se trata de una lucha por la defensa del territorio, la preservación de su cultura y tradiciones, y contra un ecocidio en su hogar, una batalla que comenzó no hace unos meses, no en 2026 sino 13 años atrás, cuando se aprobó el proyecto.

De acuerdo con notas periodísticas que datan de 2016, la compra venta de los terrenos donde ahora se construye la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, presentó anomalías y falta de transparencia en torno a la obtención de permisos 

Según Lado B, en 2010 el empresario y político Rubén Félix Hays obtuvo autorización para comprar al menos 2.4 millones de m² de tierras ejidales. El problema es que desde 2009 varias de estas tierras ejidales fueron reconocidas como Sitios Ramsar, humedales de importancia internacional por ser ecosistemas fundamentales para la vida, por su gran valor ecológico y su importancia para conservar la biodiversidad.  

De hecho, México firmó la convención de protección a estos sitios desde 1986. 

Sin embargo, Félix Hays sostuvo que desconocía que los terrenos fueran Ramsar cuando los adquirió (a pesar de que solo un año atrás habían sido reconocidos internacionalmente).  

Y un par de años después, vendió esos terrenos, aprox. 1,394,055 m² por un poco más de 100 millones de pesos a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa creada el 11 de noviembre de 2013 con el propósito de “construir y operar plantas de producción de amoniaco, fertilizantes y otros productos químicos derivados del petróleo y gas natural”. Empresa filial mexicana del consorcio suizo-alemán Proman.  

A partir de la aprobación del proyecto por parte de la Semarnat el 21 de abril de 2014, pescadores y habitantes de Topolobampo reforzaron su resistencia, incluso llevándola hasta los tribunales, para defender la bahía, la zona Ramsar, su sustento derivado de la pesca, y sus tradiciones como pueblo originario Mayo-Yoreme.

A manera de respuesta frente a los oídos sordos de la empresa GPO y las autoridades municipales, estatales y federales. Las comunidades crearon en 2018 un frente de resistencia llamado “Colectivo Ecológico Aquí No”, cuyo activismo inició con una página de facebook para brindar información clave sobre lo perjudicial del proyecto y para amplificar sus voces de resistencia y sumar aliados. 

En noviembre de 2018, miembros de la comunidad de Topolobampo se manifestaron en lanchas fuera de la planta de amoniaco, e interpusieron en ese mismo año un juicio de amparo indirecto 528/2018, en el Juzgado Sexto de Distrito de Sinaloa, contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat por autorizar la construcción de la nave industrial sin consultarlos. 

En julio de 2022, unas 900 personas, entre ellas ambientalistas, pescadores y sus familias, así como lancheros, protestaron de nueva cuenta contra el proyecto.  

Accionaron diversos recursos legales para señalar la falta de consulta a las comunidades que podrían ser afectadas, e incluso las comunidades Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones promovieron amparos con jueces federales en el 2018 y 2019.  

Esos recursos legales frenaron de manera momentánea la construcción, aunque en ese momento ya habían retirado 24 hectáreas de mangle y con ello el hábitat de aves, peces y otras especies como camarón, de acuerdo con información de Pie de Página. 

El pueblo Mayo Yoreme posee profundas creencias y tradiciones respecto al respeto y cuidado de la tierra y el agua, de ahí la importancia de escuchar sus preocupaciones.

Aunque el gobierno federal realizó una consulta indígena obligada por la Suprema Corte, los pueblos señalaron que estuvo amañada, vivieron amenazas para votar a favor y que la planta se siguió construyendo bajo la ilegalidad.   

Durante estos 10 años de lucha, las comunidades han enfrentado amenazas de muerte, agresiones físicas e intimidación de manera documentada. Incluso integrantes del colectivo ¡Aquí no! han tenido que recurrir a mecanismos de protección gubernamental como activistas ambientales.  

Por si fuera poco, en 2023 se registraron al menos 4 fugas de amoniaco en la región, en los meses de marzo, agosto, septiembre y diciembre, y aparentemente dichas fugas eran provenientes del muelle de Pemex en Los Mochis.  

Las autoridades no reportaron intoxicaciones graves, salvo malestares en garganta, nariz y náuseas; pero la angustia y temor del suceso, y sobre todo, la posibilidad de que vuelva a ocurrir en igual o mayor escala si la planta llega a operar, sigue presente en la cabeza de los habitantes.

En mayo de 2026 ante la llegada de maquinaria gigante a la bahía, habitantes de Topolobampo instalaron un plantón en los accesos de la planta para evitar la continuación del proyecto. Dicho plantón hoy cumple 100 días de existencia, con una consigna clara: detener el proyecto a como dé lugar. 

“México no puede seguir siendo utilizado como territorio desechable, o zona de sacrificio. Nuestro país está lleno de vida, y las comunidades locales lo han hecho evidente”, culmina el organismo medio ambiental. 

Con información de Greenpeace 

TE RECOMENDAMOS LEER: huracan-marie-provoca-enormes-olas-en-playas-de-california