El expediente ministerial abierto en San José de Iturbide se centra en cotejar los pedimentos fiscales con los contratos mercantiles para ratificar la legalidad del combustible en Guanajuato. Las autoridades revisan el origen de 59 millones de litros de hidrocarburo resguardados en 10 tanques ubicados en la comunidad de La Fragua, luego de un despliegue oficial iniciado en julio tras revisiones realizadas en San Luis de la Paz.

Almacén de paso sin titularidad del producto

El inmueble asegurado no comercializa carburantes, sino que funciona como una terminal de depósito rentada por importadores privados para su distribución regional. Respecto al papel de la compañía en el manejo del inventario, los registros del caso puntualizan: «Se trata de una terminal que funciona como una bodega de resguardo». Es decir, las instalaciones solo prestan el servicio de almacenar y despachar el producto, pero no compran, no venden ni son propietarias de una sola gota del hidrocarburo que llega al lugar».

Marcas internacionales amparan cargamentos de gasolina y diésel

El volumen inmovilizado comprende gasolina regular, premium y diésel importados formalmente por multinacionales como Shell, ExxonMobil y Marathon Petroleum. Estas empresas cuentan con permisos vigentes para ingresar energéticos al país y utilizan las instalaciones del Bajío como punto de transbordo para abastecer sus estaciones de servicio en Guanajuato y en entidades colindantes.

Evaluación técnica y desahogo ante el Ministerio Público

Analistas de la industria energética y periodistas que dan cobertura al proceso han descartado anomalías en los volúmenes almacenados en La Fragua, al sostener que «hasta el momento, no hay ninguna prueba que vincule este cargamento con el huachicol ni con actividades ilícitas». Los especialistas recordaron que la planta resultó indispensable durante la contingencia por desabasto de 2019 en el centro del país y señalaron que la medida cautelar derivó de una falla en el criterio operativo de un funcionario estatal. El cierre definitivo del caso quedará en manos del Ministerio Público Federal una vez que concluya la verificación de las facturas comerciales y de los pedimentos aduanales correspondientes.

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