San Diego Coastkeeper y la Coastal Environmental Rights Foundation han llegado a un acuerdo en una demanda de un año de duración, según la Ley de Agua Limpia, contra la Comisión Internacional de Límites y Agua de EE. UU. y su contratista, Veolia Water West Operating Services, por supuestas violaciones de contaminación en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay.
El acuerdo, alcanzado el 5 de agosto, resuelve un litigio que ambos grupos ambientalistas presentaron en abril de 2024, alegando que la agencia y su contratista descargaron bacterias fecales, metales pesados y productos químicos tóxicos (incluidos algunos prohibidos en Estados Unidos, como DDT y PCB) en el río Tijuana, su estuario y el océano Pacífico.
La denuncia original alegaba más de 500 violaciones autodocumentadas por el tratamiento inadecuado de las aguas residuales antes de su descarga al océano, docenas de derrames de colectores de cañón que enviaron millones de galones de aguas residuales sin tratar al estuario, informes de autocontrol inexactos y cinco años de incumplimiento de la implementación de un programa de monitoreo del valle del río.
Desde que se presentó la demanda, la USIBWC ha recibido casi $800 millones en asignaciones federales para financiar una revisión integral de la planta.
La agencia ha ampliado la capacidad de tratamiento en un 40%, reduciendo los flujos no tratados hacia los EE. UU. en 10 millones de galones por día, y ha cumplido con los límites de descarga de efluentes al océano de la instalación durante más de 18 meses consecutivos, según un comunicado de prensa de los dos grupos.
En virtud del acuerdo, la USIBWC y Veolia acordaron aumentar la transparencia pública sobre el estado de los proyectos de infraestructura pendientes del Acta 328 y mejorar la comunicación sobre reparaciones importantes o flujos de aguas residuales inesperadamente altos que podrían sobrecargar la planta o sus sistemas colectores en el cañón.
“Este es solo un aspecto de un problema mucho mayor, pero es fundamental que la planta de tratamiento esté funcionando correctamente por primera vez desde 2020”, afirmó Sara Ochoa, directora de programas del CERF.
Según los términos del acuerdo, Veolia no está obligada a realizar ningún pago monetario ni ha admitido responsabilidad alguna, informó la compañía en un comunicado.
Con información de San Diego Tribune.
